Respetar una fila, cuidar el espacio público, evitar una pelea o ingresar al sistema de transporte por los accesos autorizados son decisiones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Sin embargo, son acciones que hacen posible algo fundamental para cualquier sociedad: la convivencia.

Con ese propósito nació hace diez años el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, una herramienta creada para prevenir conflictos, promover el respeto y establecer las reglas que permiten vivir en comunidad.

Aunque muchas personas aún la identifican como el "Código de Policía", la Ley 1801 va mucho más allá de las actuaciones de las autoridades. Su objetivo es promover la corresponsabilidad ciudadana y proteger bienes esenciales como la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y el espacio público.
 

Una ley pensada para la nueva realidad

Durante más de cuatro décadas Colombia estuvo regida por el Decreto Ley 1355 de 1970. Sin embargo, los cambios sociales, urbanos y culturales del país hicieron necesaria una normativa ajustada a la Constitución de 1991 y a las nuevas dinámicas de convivencia.

Como respuesta a esta necesidad, el Congreso de la República expidió la Ley 1801 el 29 de julio de 2016. La norma entró en vigor el 30 de enero de 2017 y consolidó un enfoque preventivo basado en la solución pacífica de los conflictos y el equilibrio entre derechos y deberes.

Más allá de las multas

Uno de los mayores retos que ha enfrentado el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la percepción de que su única función es imponer comparendos.

La Ley busca precisamente evitar que estos ocurran. Su esencia es promover comportamientos que permitan resolver las diferencias de manera pacífica, proteger la dignidad de las personas y garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar del espacio público, el ambiente y la seguridad.

Diez años después, la convivencia sigue siendo un reto

Las cifras muestran que la Ley 1801 continúa siendo una herramienta vigente.

Solo entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, en Bogotá se han impuesto:

• 76.113 comparendos por ingresar o salir de estaciones y portales del sistema de transporte por sitios no autorizados.
• 35.941 comparendos por consumir sustancias psicoactivas en el espacio público.
• 2.946 comparendos por reñir, incitar o participar en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas.

A estas cifras se suman los comparendos impuestos durante 2025 por estos mismos comportamientos, evidenciando que aún existen importantes desafíos para consolidar una cultura basada en el respeto, el autocuidado y la corresponsabilidad.

Las cifras no hablan únicamente de sanciones. También muestran algunos comportamientos sobre los que, como sociedad, debemos seguir trabajando.

La convivencia empieza con cada decisión

En Bogotá, la implementación de la Ley ha permitido avanzar en la protección de los derechos de la ciudadanía, siempre bajo el principio de que la convivencia es una responsabilidad compartida entre instituciones y comunidad.

Con ese propósito, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, ha fortalecido el trabajo coordinado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales para proteger derechos, promover el cumplimiento de las normas y construir entornos más seguros, ordenados y respetuosos para las personas.

Cada día, estas acciones se reflejan en jornadas de recuperación del espacio público, procesos de diálogo con las comunidades, atención a conflictos de convivencia, acompañamiento a establecimientos de comercio y campañas pedagógicas que fomentan el respeto por las normas y el cuidado de lo público.

El mayor legado de la Ley 1801 es recordar que vivir en comunidad significa reconocer los derechos propios, respetar y construir acuerdos que hagan posible una ciudad más incluyente para la gente.