SDG
En Bogotá, la movilización social es un derecho legítimo y constitucional. La ciudad reconoce que la protesta pacífica es una forma de participación y expresión democrática. Por eso, el Distrito trabaja de manera articulada para garantizar tanto el derecho a manifestarse como los derechos de quienes no participan en estas jornadas.
En Bogotá, la movilización social es un derecho legítimo y constitucional. La ciudad reconoce que la protesta pacífica es una forma de participación y expresión democrática. Por eso, el Distrito trabaja de manera articulada para garantizar tanto el derecho a manifestarse como los derechos de quienes no participan en estas jornadas.
Desde la Secretaría Distrital de Gobierno se coordina el trabajo interinstitucional antes, durante y después de cada movilización. El objetivo es claro: acompañar, mediar y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia, la seguridad y la integridad de las personas.
Planeación previa y articulación institucional
Cada jornada implica un proceso previo de diálogo y preparación. Se activan mesas de coordinación con entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, los equipos mixtos de diálogo y las organizaciones sociales.
Esta articulación permite:
• Identificar recorridos y puntos de concentración.
• Diseñar planes de manejo de tránsito y rutas alternas.
• Activar protocolos de derechos humanos.
• Disponer equipos de diálogo y mediación en territorio.
El enfoque es preventivo: anticiparse para reducir riesgos y proteger derechos.
Acompañamiento en territorio con enfoque de derechos
Durante las movilizaciones, los equipos del Distrito acompañan permanentemente las jornadas. Los gestores y gestoras de diálogo cumplen un papel pedagógico y preventivo: facilitan la comunicación entre organizadores, autoridades y ciudadanía; promueven el respeto por la protesta pacífica; y ayudan a resolver situaciones que puedan escalar.
Este trabajo se complementa con profesionales en derechos humanos que velan por el cumplimiento de los protocolos establecidos.
El enfoque es diferencial y basado en derechos humanos. Esto significa priorizar la vida, la integridad y el diálogo como primera herramienta de gestión. La intervención busca evitar afectaciones mayores, proteger bienes públicos y privados y garantizar la movilidad de servicios esenciales.
Protección de la ciudadanía y funcionamiento de la ciudad
También se adoptan medidas para mitigar impactos en la vida cotidiana. A través de planes de manejo de tránsito, información oportuna en canales oficiales y coordinación con el sistema de transporte, se procura reducir afectaciones para quienes deben desplazarse por razones laborales, académicas o de salud.
Si se presentan situaciones que alteren la convivencia, las autoridades actúan conforme a los protocolos y en el marco de la ley, privilegiando la mediación y la negociación.
Balance y seguimiento
Al finalizar cada jornada, la Alcaldía Mayor realiza balances técnicos y operativos para evaluar el desarrollo de las movilizaciones, identificar lecciones aprendidas y fortalecer los mecanismos de prevención y diálogo.
Bogotá es una ciudad plural y participativa. La gestión de las movilizaciones no es un ejercicio de confrontación, sino una responsabilidad institucional para armonizar derechos y cuidar la ciudad.
El compromiso es permanente: garantizar la expresión democrática, promover el diálogo y proteger a quienes habitan y transitan Bogotá.
Para informar movilizaciones sociales o protestas, la ciudadanía puede escribir al correo electrónico Decreto053DDHH@gobiernobogota.gov.co, con el fin de adelantar las acciones previas de coordinación.
